Mano dura en el caso de la Calle 59

En “el caso de la 59” no hay justificación alguna: hubo exceso de autoridad en detrimento de dos mujeres indígenas chapines y como tal se debe aplicar, como se ha prometido, la ley; castigo para quien ordenó y ejecutó un absurdo acto que atentó contra el más elemental derecho de todo ser humano, su dignidad.

En el “caso de la 59” se tiene que actuar con seriedad, prontitud y mano dura. No dejar que trascienda y se vuelva hablilla porque se vulnera a las instituciones del orden. No se puede permitir que una mala orden y una mala ejecución de tres elementos policiacos den al traste con el gran esfuerzo que se realiza para intentar devolver la credibilidad a una corporación que tiene la obligación de cuidar y velar por la seguridad de los campechanos.

Independientemente de las disposiciones municipales que prohíben la venta ambulante en el primer cuadro de la ciudad, que se tienen que hacer valer, no se comprende cómo, sin un ordenamiento legal, se pretendió, primero, desalojar a esas dos mujeres de la calle 59 y después intentar detenerlas sin estar cometiendo delito alguno y en la que incluso logran esposar a una menor de edad, que posteriormente fue dejada en libertad ante la solicitud de ciudadanos indignados ante tal hecho.

Coincidimos que Campeche tiene y debe mantener su estatus de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que se debe cuidar y velar por conservar esa declaratoria que tanto esfuerzo costó y que también representa la puerta para acceder a financiamientos importantes de instituciones mundiales.

Hay disposiciones para cuidarlo, hay procedimientos para impedir que se atente contra esa declaratoria y hay leyes muy claras para frenar toda actividad, en este caso el ambulante, que pudiera afectarla.

Es el Ayuntamiento de Campeche la facultada para regir, regular y frenar ese ambulantaje y puede, cuando así lo amerite el caso, solicitar el apoyo de las instituciones de seguridad para proceder a desalojos cuando los caminos del diálogo y la negociación se agotaron. Pero en el “caso de la calle 59” se actuó con exceso de fuerza y debe haber castigo.

Eso ocurrió el sábado y ese mismo día el titular de Seguridad Pública, Jorge Argáez Uribe, aseguró a través de las redes sociales: “Se investigará, como en todos los casos, la actuación de la policía y si determinamos que hubo un exceso se procederá conforme marca la ley. La actuación de la policía siempre molestará a alguna de las partes, ya sea a la víctima porque no se acudió a tiempo o del victimario porque siente que se le están violando sus derechos".

Este lunes, Argáez Uribe ofreció una “conferencia de prensa” (un monólogo) en la que ahondó sobre el proceder de los policías, quien dijo serán investigados por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública para determinar si cometieron algún exceso.

Argáez Uribe perdió una gran oportunidad de demostrar –aunque sí lo dijo--, que no se permitirán excesos por parte de los elementos policiacos. Era el momento preciso para informar que se habían tomado medidas correctivas, que se cuidaría que en lo futuro no volviera ocurrir un caso como el que nos ocupa, que manchó la imagen de nuestra ciudad en el plano nacional e internacional. Ahí como ejemplo el video que circula en Facebook que ya rebasó, hasta el momento de escribir estas líneas, el 1.2 millones de reproducciones, pero optó por darle largas al asunto y pretender que el tiempo haga olvidar lo ocurrido.

Uribe Argéz ya debió medir las consecuencias de pretender dejar pasar el tiempo y después exonerar a esos elementos policiacos; la sociedad estará, sin duda, pendiente del caso y exigirá cuentas, exigirá como lo hace hoy un ejemplar castigo y el compromiso de un trato humanitario para los campechanos, para todo ciudadano que transite por las calles de Campeche, trátese de quien se trate.

No podemos dejar de ver el lado opuesto de la moneda, lo que esas mujeres significan para el comercio local, especialmente a quienes se dedican a las artesanías. Son una competencia desleal, que no paga impuestos de ningún tipo y sí afecta al comercio organizado ubicado en el primer cuadro de la ciudad. Eso tampoco es ocultable.

Ahora bien, si se afirma que esas mujeres indígenas son explotadas y que se tiene identificados a sus explotadores ¿por qué no se actúa en consecuencia? ¿Por qué se permite que decenas de mujeres indígenas venidas de otras latitudes recorran las calles del centro de la ciudad y no se le aplique la ley, de manera correcta, como se ha hecho con los ambulantes y semifijos de Campeche? ¿De qué privilegio gozan o es que sus explotadores pagan protección o se mochan con alguna autoridad?

La presencia de esas mujeres indígenas, trabajadoras, madres de familia data de hace muchos años, son ya parte del escenario cotidiano de nuestra ciudad, pero muy pocos conocen las condiciones de cómo viven, de cómo son hacinadas en locales y cómo las maltratan cuando no cumplen las cuotas de ventas de sus regenteadores.

Bien atina a comentar el periodista Roger Cornelio Sosa, cuando afirma que “el tema de la explotación indígena tiene raíces más profundas. No sólo el aspecto social -pobreza atroz, discriminación, ignorancia- sino está también la presencia de mafias explotadoras, así como los usos y costumbres de los propios grupos étnicos (Síndrome de Estocolmo, cuyas víctimas defienden a su victimario)”.

Además del tema del ambulantaje, las autoridades tienen que empezar al emprender acciones en política de asistencia humanitaria, se tiene que redoblar esfuerzos en legislar sobre la trata de personas y la explotación sexual, que sin duda padecen.

Su condición de mujeres indígenas, la gran mayoría iletradas, es aprovechada por el crimen organizado que las engaña y las rapta con fines de explotación económica y sexual, servidumbre, pornografía, trabajos forzados entre otros delitos. Ahí es donde se tiene que actuar para prevenir.

Ellas trabajan por necesidad y porque se lo ordenan, tienen que cumplir las cuotas marcadas o de lo contrario sufrir castigos severos, de ahí que indigne más el inhumano actuar de esos tres policías, que no de toda la corporación, que en tan sólo unos minutos lograron colocar a Campeche en lo más alto del escaparate de la redes sociales, desafortunadamente para mal, provocando una serio golpe a la imagen de nuestra ciudad que tanto esfuerzo ha costado difundirla.