Exclusión de discapacitados en programas de AMLO

La discapacidad, en tanto restringe la realización de actividades con normalidad, tiene graves repercusiones en la vida de quien la padece, pues en muchos casos su situación no les permite incorporarse al ámbito laboral y, por ende, no están en condiciones de buscar su bienestar personal; pero son seres humanos que tienen derechos y, por ello, los gobiernos tienen la obligación de garantizárselos.

El pasado 11 de enero del presente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el inicio del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, pero no dijo que dicha pensión es totalmente exclusiva, dado que no prevé otorgar apoyos a las personas con más de 30 años, que son la inmensa mayoría de los que conforman ese grupo altamente vulnerable.

El programa de pensión para discapacitados únicamente prevé apoyar a niñas, niños y adolescentes de 0 a 29 años que, además, presentan discapacidad permanente, y a población indígena de 0 a 64 años de edad. No conformes con poner esas severas limitantes, la secretaría de Bienestar también anunció que únicamente otorgará un millón de pensiones.

¿Qué pasará con los discapacitados que no cumplen con esos requisitos? ¿Qué con todos aquellos que no pueden realizar actividades para procurarse sus medios de vida y que además tienen que comprar medicamentos, sondas, pañales y pagar terapias? Los más de 10 millones de mexicanos discapacitadas están siendo excluidos por las políticas neoliberales del presidente López Obrador, quien dijo que apoyaría a uno de los grupos más vulnerables del país, y que apoyaría a los pobres, pero que no ha sido así en los hechos.

Entre los más pobres de los pobres, se encuentran los discapacitados pues por su condición no pueden buscarse sus medios de vida y mucho menos pueden allegarse los materiales médicos necesarios para su atención, toda vez que los discapacitados tienen dificultades para caminar, moverse; ver, escuchar, hablar o comunicarse o tener una limitación mental.

El municipio de Chimalhuacán se encuentra situado en la zona oriente del Estado de México, con una población total de 679,811 habitantes. De ese total, 18,354 personas, entre niños y adultos, padecen alguna discapacidad física, mental, auditiva, intelectual y visual, cifra que ha aumentado de manera exponencial, por causas multifactoriales, de acuerdo a datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Ante la problemática que enfrenta este sector altamente vulnerable de la población, desde el año 2013, con recursos públicos, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán entrega una Beca Económica a la totalidad de discapacitados que hay en el municipio; es decir, no aplica exclusión alguna: niños, adultos, personas de la tercera edad, con discapacidad leve, moderada o severa, todos han sido incluidos en esa beca económica municipal, pero no es suficiente el apoyo, ya que el número de personas con discapacidad ha ido en aumento.

A pesar de ello, el programa de pensiones para discapacitados del gobierno federal excluye a la mayoría de quienes la sufren. Con ello, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador viola los derechos humanos de miles de chimalhuacanos que sufren discapacidad y de 10 millones de persona de todo México.

*Laura Castillo, vocera del MAN en el Estado de México