La colecta pública y su persecución

En días pasados ha sucedido algo que nunca antes ocurrió en Campeche: los oficiales de tránsito y los de Seguridad Pública han perseguido, amenazado, agredido y encarcelado a los estudiantes y maestros que realizan colecta pública en la vía pública de esta ciudad capital. Se trata de los estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), maestros de Antorcha Magisterial y activistas del Movimiento Antorchista, quienes desde hace muchos años realizan, en diferentes formas, la colecta pública, mediante la cual recaban recursos para apoyar diferentes actividades sociales, entre ellas ayuda a grupos marginados de este estado.

Estos recursos son utilizados para el funcionamiento de albergues estudiantiles, escuelas, apoyo a sectores vulnerables, actividades de colonos, campesinos, obreros, etc. en su lucha por mejores condiciones, gestiones ante dependencias, etc.; todas estas actividades son legítimas, públicas y legales. Cada colecta se realiza de manera respetuosa de las personas y de las normas de convivencia, el ciudadano que accede a cooperar lo hace de manera voluntaria, sin recibir ningún tipo de presión, atendiendo solamente a su deseo de colaborar, por mera fraternidad, a una causa que considera buena.

El ejemplo más notable de esto pudiera ser el Albergue Estudiantil “Dr. Héctor Pérez Martínez”, institución que desde hace 28 años apoya a jóvenes de localidades marginadas para que puedan continuar sus estudios en la ciudad de Campeche, proporcionándoles hospedaje, alimentación y condiciones de estudio. Los moradores de esta casa de estudiantes son originarios de localidades marginadas, comunidades indígenas, municipios alejados y hasta de otros estados del país; son hijos de familias de escasos recursos económicos, por lo cual iban a dejar de estudiar, pero gracias al Albergue continúan sus estudios.

Por esto y no por otra cosa, ahora, nuestros agentes encargados de la seguridad de la población, persiguen y agreden a estudiantes que no saben nada de violencia ni de crimen, a maestros inermes que trabajan de manera voluntaria y sin pedir nada a cambio ayudando a los que menos tienen, sometiéndoles como si fueran peligrosos delincuentes, y los suben con lujo de violencia a las patrullas para encarcelarlos.

Los agentes alegan “órdenes superiores”, lo cual es difícil de creer y no estaría mal que los “superiores” se pronunciaran al respecto, y las supuestas “violaciones al Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche”, el cual en efecto, dice en su Artículo 15, apartado VIII. “No utilizar la vía pública para ejercer el comercio ambulante u ofrecer servicios, ni practicar la mendicidad.” De manera que los colectores, según la interpretación de los agentes o de sus “superiores”, cometen una falta administrativa y se hacen acreedores al encarcelamiento o el pago de una multa, y, en caso de que muestren algún tipo de resistencia al arresto, a ser sometidos mediante la violencia (para ello los agentes reciben meticuloso entrenamiento) y ser forzados para llevarlos a responder de su atrevido y peligroso proceder.

Nada más absurdo, sería de risa si no se tratara de una realidad que golpea descaradamente toda razón y lógica, y que deriva en agresiones injustamente cometidas por un poder desproporcionadamente superior contra personas inocentes. La Ley se hizo para defender al ciudadano y lograr la convivencia pacífica entre los diferentes sectores de la población, no para ser usada como garrote contra estudiantes.

Los colectores no están violando el reglamento, pues no están mendigando. Sería copioso e inútil reproducir aquí todo lo que se dice para definir la mendicidad, bastará aquí decir que mendiga y pordiosea el que no tiene otro medio para vivir; la colecta pública, en cambio, es considerada, en todas las sociedades modernas, un mecanismo para ayudar a determinados sectores y en determinadas actividades, para hacer menos lacerantes las diferencias sociales.

Pero la colecta pública es una forma de solidaridad entre los seres humanos; la mendicidad, por su parte, con su complemento que es la caridad, existen porque también existe la pobreza. Estas son necesarias solamente porque el sistema que domina actualmente en el mundo ha atomizado a los seres humanos, les ha enseñado y acostumbrado a considerarse seres aislados y a justificar la injusticia, es decir, en nuestra sociedad actual es “normal” que unas personas puedan vivir del trabajo ajeno, y ha permitido que un grupo de privilegiados acumule grandes riquezas mientras la mayoría de la población languidece en la pobreza y hasta la pobreza extrema en la que “viven” más de 100 millones de mexicanos que no tienen ni para comer.

En México y el mundo tenemos permiso para amasar una fortuna haciendo harina a los demás, pero la fraternidad, la solidaridad son elementos absurdos y estorbosos que han quedado descartados de la actitud diaria (pues se opone a el deseo y el “derecho” de abusar de los demás en defensa de “mi interés”), quedando reducido a la caridad, como si no fuera una responsabilidad social ayudar a quienes se encuentren en situación vulnerable temporal o permanente.

Esa filosofía de la solidaridad, hoy oculta por la filosofía del egoísmo, sigue siendo una obligación social que se ve reducida a obligación de las instituciones de velar por esa justicia social, utilizando los instrumentos del estado para ayudar a los desvalidos. No existe la caridad institucional, no es el gobierno dándole su alimento a sus mascotas, ni es “por el amor” de Dios que las instituciones que manejan el dinero del pueblo puedan aportar intencionalmente una parte para ayudar a los más necesitados. Las instituciones, o mejor dicho los funcionarios al frente de ellas, los legisladores que escriben y autorizan los reglamentos y las leyes, y también el oficial que las hace valer en las calles, deberían ponerse a estudiar más a profundidad estos principios, comprender que los trabajadores humildes son precisamente los que generan la riqueza, los que permiten que este país funcione y los que les pagan sus salarios. Recuerden esto antes de volver a golpear y encarcelar a sus hijos.

La mendicidad y hasta la colecta pública NO deberían ser necesarias. Lo mejor sería tener un sistema económico que tenga mecanismos para mejorar la distribución de la riqueza de manera más equitativa, más justa y evitar así que existan personas que deban pedir limosna “por el amor de dios” para poder comer, o estudiantes que soliciten el apoyo solidario de los ciudadanos para poder estudiar. Eso es posible y Antorcha trabaja y lucha desde hace 45 años para lograr una sociedad así, más poderosa pero más justa, y lo vamos a lograr.

Pero, mientras esto sucede, las instituciones deben cumplir con su obligación de hacer justicia en la redistribución del gasto público, apoyando a quienes lo necesitan, por ejemplo, dando subsidios suficientes a los albergues estudiantiles, construyendo sus instalaciones (¡el Gobierno Federal canceló la construcción de la tercera etapa de este albergue!), y en general comprendiendo que no dan “caridad”, sino que el pueblo trabajador paga por adelantado todo lo que ellos puedan reintegrar a ese mismo pueblo en forma de obras, servicios y ayudas. O, por lo menos, permitiendo a los estudiantes que realicen su colecta pública y dejando de golpearlos.

 

+Javier Martínez Jaramillo, Vocero del Movimiento Antorchista de Campeche