Prohibir reuniones del pueblo, antesala de una dictadura

Con motivo de nuestro 45 aniversario como movimiento organizado, los antorchistas programamos realizar seis eventos multitudinarios en diversas regiones del país, con asistencia de medio millón de mexicanos en representación de todo el antorchismo de México; actos en los que públicamente daríamos cuenta de nuestros logros en la tarea de crear una fuerza popular autónoma y formada por millones de personas, que sea capaz de impulsar un plan de gobierno que termine con la pobreza.

También, serían el foro para presentar con más detalle un plan alternativo para gobernar al país, puesto que se acumulan argumentos para sostener que la 4T no resolverá el problema de la pobreza que padecen millones de mexicanos. Nada en el panorama parecía enturbiar nuestro plan de reuniones, salvo que algunos políticos y “analistas” apostaban doble contra sencillo que no reuniríamos a la gente, que nuestra organización estaba desmantelada, como otras que han desaparecido en este primer año, confiando en que la campaña de denuestos, calumnias y bloqueo ilegal a las peticiones del Antorchismo, en la que ha ocupado un papel protagónico el actual presidente de la república, habrían ya provocado una desbandada en nuestras filas.

Pero les falló. Las imágenes de los dos primeros eventos, en San Luis Potosí y Michoacán, echaron abajo los vaticinios de esos pitonisos fracasados: mostraron estadios espectacularmente repletos de antorchistas orgullosos de su militancia, mexicanos muy pobres, profundamente convencidos de que su participación organizada y con un plan de acción claro y realista es la única salida a su pobreza, quienes escucharon un mensaje argumentado, con datos científicos, fluido y muy vigoroso de su líder nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán, para explicarles el verdadero origen de la pobreza, defenderlos de los poderosos en turno y para llamarlos a perseverar en su ascenso de lograr el poder político para desarrollar al país y terminar con la pobreza mediante una gran alianza con otras fuerzas progresistas, contenido muy distante de las superficialidades y chabacanería de las que están repletos los discursos de los actuales gobernantes.

El éxito logrado en ambas reuniones, prendió las alarmas en los círculos del poder y decidieron impedir a toda costa la concentración siguiente, a realizarse en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, en donde se reunirían 60 mil chiapanecos y representaciones de otros cuatro estados del Sureste mexicano. El abusivo golpe desde el poder fue burdo a más no poder: simplemente, por diversos canales, se les hizo saber a los concesionarios del estadio donde se llevaría a cabo (el lugar más grande para una concentración humana en ese estado) y a los dirigentes antorchistas que: “desde arriba” (refiriéndose sin duda alguna al gobierno federal) había ordenes de que no se realizara la reunión, y punto; a pesar de que es un local público, cuya renta ya se había cubierto por los organizadores e incluso, para anunciar el evento se habían hecho tomas audiovisuales que tuvieron como locación el citado estadio. Eso no importó, como tampoco que se violaran flagrantemente derechos constitucionales a la reunión pacífica y a la expresión de las ideas. A falta de argumentos, también por diversas vías, se deslizaron amenazas represivas y “recomendaciones” que por el momento no creo necesario detallar, lo que llevó a nuestra Dirección Nacional a la posposición del evento para alguna fecha en que existan condiciones de seguridad.

Lo anterior fue hecho del conocimiento, por escrito y oralmente a través de nuestros diputados federales antorchistas, de la señora secretaria de Gobernación, Dra. Olga Sánchez Cordero, quien comisionó al subsecretario Ricardo Peralta Saucedo para atender a los diputados en una reunión posterior, misma que se realizó y en la cual pedimos garantías del gobierno federal para la celebración de la reunión en fecha posterior, pero hasta el momento sin ningún efecto práctico y tampoco alguna comunicación sobre el tema.

Pienso que si esa decisión arbitraria no se modifica, si la impunidad provoca que a esta se sumen otras más, argumentando el apoyo popular que hace un año lo llevó al poder, pero usándolo para reprimir a quienes no sean sus partidarios, el gobierno federal estará cometiendo un grave atropello contra las garantías constitucionales de millones de mexicanos que militamos en el Movimiento Antorchista, lo cual debe ser una alerta inmediata para todos los mexicanos, incluidos los que confiaron en Morena y ahora se desengañan, pues será la antesala de un poder omnímodo y abusivo que no convence sino que vence con la violación de la ley y el abuso de los cuerpos policiacos si fuera necesario.

Quienes crean que exagero, no deben olvidar que las grandes dictaduras empezaron con pequeños atropellos, que puerilmente se atribuían al mal carácter o a la destemplanza de algún individuo con poder; pero una vez que nadie les puso freno crecieron, se desarrollaron y generaron sistemas enteros articulados para reprimir, perseguir… y matar, y que más de un dictador se aupó o se consolidó en el poder mediante el apoyo popular. El abuso que hoy denuncio no es el único que sufrimos los mexicanos pero si es revelador, puesto que se trata de un intento de atropello a los derechos de un grupo grande y organizado y por lo tanto mejor preparado para resistir el embate, por lo que no cuesta mucho trabajo imaginar lo que puede ocurrirle a cada uno de los mexicanos aislados si los señores del poder en turno concluyeran la faena de desarticular a las organizaciones, despedir a los comunicadores incómodos, debilitar a los empresarios y comerciantes medianos y pequeños, hacerse incondicionalmente de las instancias judiciales y los diversos organismos defensores de los derechos ciudadanos; si vuelven papel mojado las leyes y los órganos electorales y concentran miles de millones de pesos para repartir dinero según lo marque su agenda electoral, aunque la economía del país se frene, aumente el desempleo y el crimen, desaparezca la obra pública en colonias y pueblos y los caminos parezcan zona de bombardeos.

Con la conciencia plena de que lo aquí denunciado es muy grave y muy relevante para la vida de la inmensa mayoría de los mexicanos, y que no podemos simplemente doblar la cerviz ante el peso de la amenaza y el abuso desde el poder, sino que debemos llamar a la unidad y a la resistencia a todos los agredidos, en los próximos días acudiremos en comisiones más numerosas a la Secretaría de Gobernación a solicitar que se enmiende este atentado contra los derechos a reunirse, expresarse y manifestarse pacíficamente, ocurrido en Chiapas pero con indudable epicentro en la capital del país.

 

*Homero Aguirre Enríquez, vocero del Movimiento Antorchista Nacional