Fuerza letal

El abuso de la fuerza letal por agentes de la seguridad pública del Estado –policías y militares– constituye un problema compartido en muchos países de América Latina. Frecuentemente, el uso de la fuerza letal es presentado como un costo inevitable de la seguridad. Sin embargo, a pesar del importante número de personas muertas a manos del Estado, la gran mayoría de casos de uso de la fuerza letal no son investigados al presumir que se dieron en un contexto que los hace legítimos. Como consecuencia, no existe rendición de cuentas, asunción de responsabilidades ni tampoco incentivos para contener el uso excesivo de la fuerza letal.

Las anteriores líneas son el introductorio del documento “Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina. Un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela”. El trabajo fue editado este 2019 bajo los auspicios del organismo internacional Open Society Foundations y con la participación de especialistas de Monitor Fuerza Letal, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación Ideas para la Paz. El apartado México corrió a cargo de los investigadores Carlos Silva Forné, del IIJ-UNAM; Catalina Pérez Correa, y Andrés Ruiz Ojeda, ambos del CIDE.

Fue a partir del 2006, sin un marco legal regulatorio, cuando el gobierno mexicano desplega masivamente a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública en forma permanente, con el objetivo de hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada. Fue la etapa de la guerra contra el narcotráfico, enfrentamientos que arrojaron cientos de pérdidas humanas, muchas de ellas civiles, resultados de los daños colaterales, consecuencia del uso y abuso excesivo de fuerza letal dentro de un ambiente violento. Durante ese período, a pesar de la exigencia de organismos internacionales respecto al número preciso de víctimas civiles por daños colaterales, el Estado optó por omitir las cifras, colocando a México dentro de los países con indicadores preocupantes por abuso de fuerza letal.
“Es urgente que los gobiernos y la sociedad civil busquen modificar este grave escenario”, plantean a manera de recomendación, los investigadores porque “el no transparentar ni investigar a profundidad los casos de muertes en intervenciones de fuerzas de seguridad del Estado implica un incentivo para los abusos toda vez que la versión inicial de los agentes es tomada como verdadera”.

El 27 de mayo de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que viene a regular “…el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública”. El artículo 4, apartado I, establece el uso de la fuerza como última alternativa y no como única opción: “para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor”. El artículo 13 completa: “El uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. En su caso, los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual o inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de personas ajenas o de uno de ellos y que el uso de la fuerza en los niveles referidos en las fracciones I a la IV del artículo 11, eran insuficientes para repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de resistencia”.

En diversos países, los informes de derechos humanos señalan la existencia de abusos de la fuerza letal o ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares. De acuerdo con la normativa internacional el uso de la fuerza letal debe tener carácter excepcional. Además, tal uso debe desarrollarse siempre con el debido respeto de los derechos humanos y de los principios de legalidad, necesidad, moderación y proporcionalidad. El uso abusivo de la fuerza letal tiene varios efectos negativos, además de las víctimas que genera. Por una parte, erosiona la imagen de las instituciones de seguridad –y del Estado, en general– y puede propiciar el incremento de la violencia. Para los propios policías y militares, el abuso de la fuerza letal puede incrementar los riesgos de su profesión al incentivar dinámicas de mayor violencia contra sus integrantes.

El pasado jueves 24 de octubre, la decisión que se tomó sobre el grave caso Culiacán, aquél “jueves negro”, frenó e impidió consecuencias funestas contra la población civil, que en el pasado simple y sencillamente serían fríos daños colaterales, incastigables.