Estrangulamiento financiero de las universidades públicas estatales

De 34 universidades públicas estatales (UPES) existentes, 11 están en quiebra, y el problema tiende a agravarse, pues el año pasado eran nueve. Constituyen el sistema público de educación superior, junto con las federales (UNAM, UAM, IPN), normales e institutos tecnológicos.

Las universidades hoy en crisis financiera son: Morelos, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, Estado de México, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Guerrero y Baja California (Fuente: “Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados y Retos”, “Integralia Consultores”, 11 de agosto de 2019, estudio patrocinado por la SEP). También la ANUIES, en desplegado publicado a principios de este mes, denuncia la crisis en que se hallan las universidades y demanda al gobierno la necesaria y urgente solución. Estos son solo los casos más graves; otras sobreviven y ven frenado su desempeño en sus actividades sustantivas: docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura. Amenaza de igual suerte se cierne sobre las demás, incluidas las federales.

En cuanto a la causa del problema, en un enfoque torcido, enemigos embozados de la educación popular – y en afán de ocultar lo que constituye una política de Estado–, atribuyen la crisis financiera a “malas prácticas administrativas imputables a las propias universidades” y a malversación de recursos, ofreciendo algunos casos como evidencia. Y de ahí, en falsa generalización, se condena a todo el sistema, para justificar el escamoteo y reducción de su presupuesto, con la consecuente insolvencia e incapacidad para cumplir a cabalidad su cometido social, que es ofrecer al pueblo una educación de alta calidad; como se dice: arrojan el niño junto con el agua sucia de la bañera. Se debe combatir la corrupción, sí, y también corregir criterios, procedimientos e insuficiencias normativas, para hacer más eficiente la administración y optimizar y transparentar el uso de los recursos; pero ello no justifica en modo alguno regatear recursos a las universidades del pueblo y condenarlas a la miseria, como hoy se hace, aplicándoles, en la lógica de la 4T, el mismo tratamiento que al Seguro Popular o las guarderías infantiles, para justificar así el abandono de una obligación fundamental del Estado.

La causa real es la asfixia presupuestal impuesta, encaminada a reducir la importancia de las universidades públicas, como ocurrió con los CBTAs, quitándoles apoyo y dejándoles para nómina y un poco para gasto corriente. Como graciosa concesión, a algunas universidades se les “salva” cada año, con “apoyos” de emergencia para salir momentáneamente de apuros, mas no para fortalecerse en el largo plazo.

El subsistema de universidades públicas estatales es estratégico. De 4.5 millones de alumnos en el nivel superior, 1.19 millones estudian en ellas, 26.3%, aunque con recursos cada vez más escasos y bajo una creciente presión del gasto: destinan en promedio 73.2% a nómina (en 2014 fue 67.2%). Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Guadalajara, 75% en promedio. En 2017, destacaron: Zacatecas, Morelos, Chiapas, Coahuila, Veracruz (80 a 84%) (Ibíd.). Desde 2016 se viene reduciendo su presupuesto: en 2014 recibieron 114.8 mil millones de pesos; tres años después, 108 mil 800 millones, sin descontar la inflación. Según el reporte comentado, entre 2015 y 2018, el presupuesto federal para educación superior perdió en términos reales 7.5%. Ello obliga a buscar ingresos adicionales para cubrir necesidades.

Esta política de Estado produce como efecto una mayor influencia de universidades privadas, que ofrecen educación a quien pueda pagarla. Reducir la calidad de la enseñanza en las instituciones públicas, permitir su deterioro o dejarlas sin laboratorios, insumos, reactivos, equipo, instalaciones y maquinaria; con bibliografía obsoleta, espacios deportivos deteriorados, les impide competir con muchas universidades privadas, y se empuja así a la población a una sola salida: quien quiera estudiar, que pague. Y ahí donde el Estado se retrae, cediendo ante el mercado, la educación se convierte en mercancía. Esto es neoliberalismo.

Lentamente se ahorca este histórico subsistema, importante factor de justicia social, que, precisamente gracias a su autonomía es el único capaz de hacer investigación independiente y crítica de los grandes problemas nacionales, algo imposible para otras instituciones gubernamentales o privadas. Las UPES pueden ocuparse también de la ciencia básica, no solo aplicada, más cercana esta a la obtención de ganancias empresariales; tienen, inmejorables condiciones para realizar investigación y diagnósticos regionales, relacionadas como están con lo local; son indispensables para generar conciencia social, y hoy, en su agotamiento, esa función va quedando desatendida. Debilitar a estas instituciones es, sin exagerar, dejar indefensa a la sociedad. Autonomía y solvencia económica son, pues, condiciones imprescindibles para el desarrollo nacional, el cultivo de la inteligencia y el pensamiento libre.

Como elemento superestructural, la educación está condicionada por la base económica. En el diseño de planes de estudio es cliché (que hace aparecer como muy sabios a algunos) decir que debe atenderse lo que “el mercado” demanda, como determinante final de los contenidos de enseñanza y motivo de la investigación. Y ciertamente, no puede ignorárselo al definir el perfil de egreso. Para su buena marcha la economía, y el sistema empresarial, requieren universidades actualizadas, situadas en su circunstancia. Pero esto se absolutiza, pues a la sociedad y sus necesidades (parte principal de esa realidad), ¿quién las atiende? ¿Quién estudiará todo aquello que no sea estrictamente negocio, aumento de ganancia y competitividad empresarial? Por ejemplo, problemas ambientales, agotamiento de recursos naturales, contaminación de suelos, agua y aire, salud pública, derechos ciudadanos, etc. ¿Y los problemas de campesinos y obreros, que no tienen para pagar servicios profesionales? ¿Y las etnias? ¿Y la cultura?

Para colmo de males, como han denunciado autoridades universitarias fieles a su labor, algunos funcionarios federales aceptan “conceder” más recursos, pero, en un auténtico chantaje, exigen a cambio “introducción de reformas estructurales”; es decir, la renuncia gradual a la autonomía. Ante este sombrío panorama solo queda que estudiantes, profesores, autoridades universitarias y sociedad civil organizada defiendan, conjuntamente, las universidades como patrimonio del pueblo que son. No las dejemos solas, y ellas, no deben aislarse en sus problemas, pues se debilitan.

 

*Abel Pérez Zamorano, Doctor en Desarrollo Económico por la London School of Economics, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor-investigador en la División de Ciencias Económico-administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo.