La mentira presidencial y la persecución contra el pueblo

¿Quién dice que el pueblo no puede gestionar su propio desarrollo? La Constitución dice que sí, en los artículos 6º, 8º y 9º, mismos que ordenan a la autoridad, entre otras cosas, respetar y responder a las peticiones presentadas por ciudadanos u organizaciones en un plazo breve. Contradecir esto es ilegal, es anticonstitucional.

La sociedad civil mexicana, a través de diferentes organizaciones, entre ellas el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), después de presentar por escrito y con argumentos técnicos y sociales un conjunto de peticiones en favor de comunidades, ejidos, colonias, escuelas, etc., de todo el país, y en vista de que no se daba respuesta respetuosa y en breve, en un acto de dignidad y responsabilidad, desarrollaron una manifestación legal y pacífica (como dice la Constitución) para exigir a los Diputados que no solaparan al Gobierno de López Obrador y se modificara su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF2020), el cual hace recortes injustificados a diferentes áreas del gasto público, cancelando la obra de contenido social, afectando a la ciudadanía en general y, en particular, a los más marginados, a los que más carecen de acceso a los servicios como acceso al agua potable, a la salud, al abasto, al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al deporte, al esparcimiento, etc., y que se consideraran sus peticiones en el gasto que el Gobierno Federal realizaría en 2020 con los impuestos que pagamos todos los mexicanos.

Pero no sucedió así. Después de engañar a los peticionarios, para dejar pasar el tiempo con vanas esperanzas, terminaron diciendo: “hay voluntad, pero no hay dinero”. Esto es una burla, pues estaban precisamente definiendo cómo se van a gastar más de 6 Billones de pesos. Los diputados orquestaron toda una parafernalia para reunirse en una “sede alterna” para materializar el atraco: aprobaron el mandato del Gobierno Federal e ignoraron olímpicamente las peticiones de los mexicanos, esas que debían responder “respetuosamente y en un plazo breve”, ¡nuestros legisladores haciendo papel de baño la Constitución!

Algunos “quejosos” doblaron las manos, las rodillas y dejaron de hacer la finta de que estaban luchando; pero otras organizaciones siguieron luchando contra la abusiva injusticia. En respuesta, los mexicanos fuimos y estamos siendo aún testigos de una inédita, espesa y costosa campaña persecutoria de mentiras promovida desde la oficina presidencial contra los manifestantes que se atreven a plantarle cara y contradecir a la 4T. Acusan a las organizaciones (a todas) de corruptas, de enriquecerse con los programas que gestionan y justifican así la negativa de solución, de atención y se justifica la condena, la represión y el linchamiento, pues, ¿quién en su sano juicio se atrevería a defender a los corruptos?, ¿quién se negaría a lanzarles el proyectil y castigarlos?

Permítaseme destacar lo perverso que significa que la respuesta a las peticiones no viniera de los diputados sino del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien repitió nuevamente la mentira, con todas las ventajas que encarna el foro de la Presidencia. Y es que para muchos aún, si lo dice el Presidente, es verdad incuestionable. Pero es mentira, una mentira nefasta, pues justifica el dominio individual del presidente sobre los recursos de la nación, los cuales pretende utilizar para algo mucho más perverso que el desarrollo social y el apoyo a los que menos tienen, y le permite perseguir a quienes se atrevan a contradecirle.

Los mecanismos para desentrañar la veracidad o falsedad de las acusaciones también los otorga la Ley. Pero le aseguro, amable lector, que ningún caso se habrá de dirimir en las instancias correspondientes, en vano los calumniados hemos solicitado apego a la Ley y esto es porque al Presidente no le importa le verdad, ni la Ley. Al ejecutivo federal solamente le importa mantener la ingenua simpatía de sus seguidores respecto a su voluntad y lograr así hacer pasar de contrabando sus acciones y su dominio cada vez mayor de los diferentes órganos e instituciones del poder. ¿El fin justifica los medios?, no, y no es algo que ya se verá, sino que ya se está viendo.

El resultado inmediato es que, al igual y más todavía que el año pasado, el Presidente le ha negado al pueblo su mayoría de edad, le ha arrebatado la posibilidad de que logre, mediante su organización y su lucha, el acceso a los derechos que le otorga la Ley; pretende cancelar toda posibilidad de que los mexicanos más pobres sean gestores de su propio desarrollo, les niega la atención a su necesidades más urgentes y el derecho a lograr la solución de sus demandas, entre ellas las obras y servicios para la ciudadanía, quitando también a los estados, ayuntamientos y organismos recursos para realizar sus tareas, ¡ya no digamos promover el desarrollo!, ni siquiera mantener lo que ya tienen. Se les está condenando al estancamiento y al retroceso.

Y todo esto, además de un atraco al Presupuesto, significa arrebatarle al pueblo, a los mexicanos, con lujo de soberbia, su carácter de ciudadanos, con todo el poder que le otorga el Artículo 39º: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y deja en la indefensión a todos los que no se le sometan, sobre todo a los más pobres, con el claro mensaje de que, si uno quiere ser beneficiario del actual poder, primero debe arrodillarse y besarle las manos al Presidente, si no, será perseguido mediática y jurídicamente hasta someterse. Pero esto no va a suceder, Antorcha no lo va a permitir cruzada de brazos e invitamos a todos los ciudadanos dignos y amantes del progreso a no dejarse humillar y a no someterse, aunque lo quieran todos los funcionarios de la 4T y los poderosos empresarios escondidos detrás de ellos y de López Obrador.

*Javier Martínez Jaramillo, vocero del Movimiento Antorchista en Campeche